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Plena Inclusión entiende como "inadecuada" la actuación policial para reducir al joven con discapacidad que recibió un disparo el día 24

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 La asociación Plena Inclusión Don Benito se personará como acusación particular en el juicio por el disparo a uno de sus usuarios por parte de un agente de Policía Nacional. Así lo confirmaba ayer la dirección del colectivo que entiende que debe «garantizar todos los derechos de nuestro usuario y su familia, que se depuren responsabilidades y que se pongan en marcha las medidas oportunas para evitar la repetición de situaciones como esta en el futuro».

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de septiembre cuando el joven de 28 años, con discapacidad intelectual, resultó herido de bala en una intervención policial en su domicilio, tras la llamada de su madre que alertó al 112 de que su hijo sufría una crisis psicótica que era incapaz de controlar.

«Se trata, como poco, de una actuación inadecuada con consecuencias graves, máxime cuando se trata de una persona con discapacidad intelectual y trastorno mental, tal y como se les comunicó desde el primer momento al 112 y a las fuerzas del orden», aseguran desde la asociación.

El joven forma parte del centro ocupacional de Plena Inclusión en la localidad dombenitense y considera que se ha transmitido una imagen «desvirtuada, por motivos interesados, de nuestro usuario, una persona sencilla, humilde y trabajadora, con una discapacidad intelectual que le permite un funcionamiento normalizado dentro de la comunidad, con constantes inclusiones laborales de éxito».

Asimismo, entienden que no se ha cumplido el protocolo establecido desde el año 2005 para estas situaciones. En ese sentido, afirman que este tipo de llamadas se producen de media una vez al mes, «y en todos los casos se ha contado al instante con la intervención de nuestros profesionales, que conocen perfectamente a los usuarios y sus problemas, sin que haya sido necesario nunca una intervención policial de dicho calado».

Por otra parte, han emitido una queja a la Delegación del Gobierno en Extremadura en la que señalan que se trata de una actuación inadecuada y desmienten la versión ofrecida por la propia Delegación, «porque hay datos que son totalmente falsos y esto ha generado una imagen equivocada de la víctima».

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