La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado este jueves en Vivares los precios que, a su juicio, las empresas “imponen al tomate” y que, según ha asegurado, se sitúan “muy por debajo de los costes de producción”, lo que supone un “incumplimiento flagrante” de la Ley de la Cadena Alimentaria.
De Miguel, que se ha reunido con agricultores en la localidad pacense de Vivares, ha lamentado que la Junta de Extremadura “ni sanciona ni intercede” para proteger al sector y ha acusado al Ejecutivo autonómico de “no mover ni un dedo” ante esta situación.
La dirigente de Unidas por Extremadura ha defendido que tanto el tomate como la agricultura deben ser rentables para garantizar el relevo generacional y ha advertido de que existen “márgenes enormes” por parte de la industria y de las empresas de fitosanitarios.
Asimismo, ha pedido a la Junta que “tome cartas en el asunto” y ha subrayado que la Ley de la Cadena Alimentaria es “una herramienta indispensable” que debe cumplirse.
De Miguel ha puesto en valor el cooperativismo como vía para proteger a los agricultores y blindar precios y rentabilidad, al tiempo que ha criticado los tratados internacionales como Mercosur, al considerar que pueden agravar la desventaja de la agricultura familiar extremeña.
