La organización “Ecologistas en Acción en Extremadura” ha pedido públicamente al Ayuntamiento de Don Benito que rectifique su intención de vender parte de la finca municipal La Serrezuela y que impulse su declaración como monte de utilidad pública para garantizar su conservación de cara a las futuras generaciones.
La finca, situada en el término municipal de Don Benito, fue adquirida por el consistorio en 2008 por 2.091.271 euros y cuenta con una superficie cercana a las 318 hectáreas. Como se hizo conocer recientemente, el equipo de gobierno municipal habría optado por segregar la propiedad en dos parcelas: una de 41 hectáreas, donde se encuentra el albergue municipal y que seguiría siendo de titularidad pública, y otra de 278 hectáreas que saldría a concurso.
Los ecologistas advierten de que esta última zona posee un elevado valor ambiental, ya que La Serrezuela se encuentra dentro de la Red Natura 2000, concretamente en la ZEC La Serena y la ZEPA La Serena y Sierras Periféricas, un espacio considerado además área de presencia del lince ibérico.
En este sentido, recuerdan que la finca ha tenido un papel relevante en la recuperación de esta especie en la región ya que en febrero de 2018 se liberaron allí dos ejemplares. Además, la finca se sitúa en el área de influencia del núcleo del río Ortiga, donde el censo de 2024 contabilizó 39 ejemplares de lince ibérico, incluidas 10 hembras reproductoras y 14 cachorros.
Según explica la organización, el espacio es utilizado actualmente por la especie como corredor ecológico y zona de asentamiento gracias a la presencia de bosque mediterráneo, dehesas de encinas, matorral y pastizales.
Por otra parte desde “Ecologistas en Acción” aseguran que el entorno también posee valor arqueológico y simbólico, ya que en sus proximidades se encuentra el denominado “Abrigo del Lince”, un enclave con pinturas rupestres que recibió este nombre tras la suelta de linces realizada en la zona.
Por todo ello, la asociación extremeña considera que la venta de la finca sería un verdadero error, señalando que el albergue y el resto del terreno forman un conjunto que podría potenciar un modelo de desarrollo turístico rural y ambiental basado en el patrimonio natural. Como alternativa, proponen que la finca sea declarada monte de utilidad pública mediante convenios con la Junta de Extremadura.

