El Ayuntamiento de Don Benito ha aprobado este martes en pleno extraordinario la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, con el fin de adaptarla a la normativa estatal que obliga a cubrir el coste total del servicio antes del 1 de enero de 2026.

La concejala de Hacienda, Mercedes Pozo, explicó que la tasa será “específica, diferenciada y no deficitaria”, ya que el coste del servicio supera actualmente los dos millones de euros. El nuevo modelo combina una cuota fija, destinada a los costes estructurales, con una cuota variable calculada según la superficie de la vivienda, de acuerdo con los datos del Catastro.

Pozo defendió que se haya optado por el criterio de los metros cuadrados al considerarlo “el más objetivo, equitativo y conforme a derecho”, frente a otras opciones como el valor catastral o el uso del padrón municipal. Según detalló, la media ponderada por hogar se sitúa en 84 euros anuales, con importes que oscilan entre 83 y 89 euros, en función del tamaño de la vivienda.

Durante el debate, el portavoz del PSOE, Manuel Gómez, mostró su malestar por la falta de información previa, al no haberse convocado una comisión informativa antes del pleno, celebrado con menos de 24 horas de antelación desde su convocatoria, según ha criticado. “Se trata de un asunto de gran relevancia que llega tarde, después de más de dos años y medio de gobierno”, ha dicho, denunciando la “falta de transparencia” del equipo de gobierno.

Desde el PP, su portavoz, Ángel Valadés, ha recordado que la directiva europea de 2018 “no obliga a cubrir el cien por cien de los costes del servicio”, y califica la medida como “una imposición del Gobierno de Sánchez”. Asegura, además, que el Ayuntamiento ha buscado “la solución menos gravosa posible para los vecinos”.

Por su parte, la portavoz de Siempre Don Benito, María Fernanda Sánchez, ha defendido que la modificación “responde a una directiva europea de obligado cumplimiento, aprobada por PP y PSOE”, y subraya que España fue denunciada por su “bajo nivel de cumplimiento de las normas europeas”. Añade que el Ayuntamiento “solo cumple la ley y ha elegido la opción menos perjudicial para los ciudadanos”.

Finalmente, la alcaldesa, Elisabeth Medina, reitera que la subida será “mínima, de aproximadamente un euro anual por vivienda”, y que el nuevo sistema “hará que quien más contamine sea quien más pague”.