El Ayuntamiento de Don Benito ha iniciado los trámites para recuperar el edificio situado en la calle Cecilio Gallego número 8, actual sede del PSOE local desde los inicios de la democracia, con el objetivo de destinarlo a uso social para asociaciones y colectivos del municipio.

Según ha informado el consistorio, no consta en los archivos municipales copia del convenio ni documentación que acredite la cesión o adscripción formal del inmueble, que fue la antigua Casa del Pueblo y que pasó a manos municipales en 1984 mediante un convenio con la Junta de Extremadura. Además, aseguran que el edificio no figura en el inventario de bienes municipales ni está siendo utilizado para fines públicos en la actualidad.

Por ello, el Ayuntamiento ha solicitado a la Consejería de Cultura el inicio del procedimiento administrativo para la concesión del inmueble por el periodo máximo permitido, con el fin de destinarlo a actividades sociales, culturales y deportivas. El concejal de Relaciones Institucionales, Ángel Valadés, señalaba en el día de ayer que esta cesión es “vital” para atender la creciente demanda de espacios por parte de las más de 260 asociaciones registradas en la localidad.

Ante este movimiento del equipo de gobierno, formado por el Partido Popular y Siempre Don Benito, el PSOE no ha tardado en responder con firmeza. Su secretario general, Manuel Gómez, ha defendido el derecho de uso del edificio y ha recordado que se trata de la sede socialista desde la restitución de bienes incautados durante la dictadura franquista.

En estas declaraciones, Gómez ha lamentado lo que considera una falta de respeto por parte del Partido Popular. “Ese inmueble forma parte de la historia de nuestro pueblo”, ha señalado, recordando que fue adquirido por el movimiento obrero donbenitense antes de la Guerra Civil y posteriormente incautado por el régimen franquista.

El dirigente socialista ha insistido en que la sede “no es solo un edificio”, sino “un símbolo de la memoria colectiva de Don Benito”, y ha pedido prudencia al actual equipo de gobierno.

“Lo único que pedimos es respeto. Porque no se trata solo de un inmueble, se trata de memoria, de respeto y de dignidad”, ha concluido.

El conflicto queda ahora a la espera de los pasos administrativos que adopte la Junta de Extremadura y de la evolución de un asunto que reabre el debate político en la localidad.