La Plataforma Nacional 430 ha convocado una manifestación el próximo 24 de junio a las 10:00 horas en Santa Amalia para reclamar una actuación inmediata en la carretera N-430 ante la alta siniestralidad que acumula desde hace años. La decisión se ha adoptado tras la reunión mantenida este miércoles en dicha localidad, en la que se analizó el trágico accidente ocurrido un día antes a la altura de Rena, en el que fallecieron dos vecinos de El Torviscal.

El portavoz de la plataforma y alcalde de Herrera del Duque, Saturnino Alcázar, ha lamentado que, pese a los años transcurridos y los compromisos anunciados por diferentes gobiernos, “la realidad es que no se ha avanzado en la transformación de la vía en autovía, mientras se siguen perdiendo vidas humanas que podrían haberse evitado”.

Durante el encuentro se abordó el estado de los dos proyectos actualmente en marcha por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: la conversión en autovía del tramo entre Santa Amalia y Torrefresneda, que cuenta desde marzo con declaración de impacto ambiental favorable, y el estudio informativo del trayecto entre Santa Amalia y Ciudad Real, del que, según denuncian, “no hay apenas información pública ni avances conocidos”.

“No hay ni un día más que perder porque lo que se están perdiendo en el camino son vidas humanas, y eso no tiene precio”, subrayó Alcázar.

La plataforma también solicitará una reunión urgente con el Ministerio de Transportes y con la presidenta de la Junta de Extremadura para recabar su apoyo institucional. Consideran que el actual retraso en los estudios y la falta de licitaciones “es ya inasumible” y recuerdan que el proyecto se anunció por primera vez hace más de dos décadas.

Un problema estructural y de seguridad

El colectivo recuerda que, a diferencia de otras vías de conexión similares, el tramo entre Torrefresneda y Ciudad Real sigue sin desdoblar y concentra una alta densidad de tráfico pesado, especialmente durante los meses de campaña agrícola, lo que agrava el riesgo de accidentes graves.

A juicio de Alcázar, “ya no se trata solo de una infraestructura necesaria para el desarrollo económico de las comarcas afectadas, sino de un problema estructural de seguridad vial que está costando vidas”.