El juez Miguel Guerrero Cobos, titular de la Sección de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Don Benito, ha remitido un escrito a la Gerencia del Ministerio de Justicia en el que alerta de la «situación crítica» que atraviesa el Equipo Técnico Psicosocial del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Badajoz, denunciando una grave falta de personal que, según advierte, está provocando retrasos de años en procedimientos relacionados con menores y víctimas de violencia de género.

En el comunicado, el magistrado denuncia que el equipo encargado de elaborar informes psicológicos y sociales para los 14 partidos judiciales de la provincia cuenta únicamente con una trabajadora social y una psicóloga para atender casos de enorme sensibilidad, como atribuciones de guarda y custodia, regímenes de visitas, violencia sobre la mujer, maltrato o abusos a menores.

Asimismo, el magistrado subraya que esta «dramática infradotación» obliga a los jueces a elegir entre paralizar procedimientos durante años hasta disponer de los informes periciales necesarios o dictar resoluciones sin contar con evaluaciones psicológicas y sociales fundamentales para proteger a las víctimas y a los menores afectados.

Además, en el escrito señala que «el retraso deja totalmente desprotegidos a los más vulnerables», y que como consecuencia de ello niños y niñas quedan atrapados “durante años en entornos de violencia, conflicto o posible abuso sin evaluación forense de su interés superior, o mujeres víctimas de maltrato cuya protección se dilata indefinidamente”.

El juez también advierte de las consecuencias emocionales derivadas de la prolongación de medidas cautelares, como la suspensión de visitas entre progenitores e hijos, alertando del «deterioro irreversible de la relación paternofilial» y del sentimiento de abandono que pueden sufrir los menores.

En su denuncia, el magistrado exime de responsabilidad al personal del IMLCF de Badajoz: “Realizan un trabajo de extraordinaria complejidad y responsabilidad humana en condiciones de sobrecarga extrema”, atribuyendo la situación exclusivamente a la Administración, al mismo tiempo que reprocha al Ministerio de Justicia no haber dotado de medios suficientes a un servicio que considera «esencial». 

El comunicado concluye con una seria advertencia sobre las consecuencias de mantener esta situación sin soluciones inmediatas. “Esta deficiencia estructural es inadmisible y genera un perjuicio irreparable a los ciudadanos, especialmente a los menores y a las víctimas más vulnerables.

En este sentido, Guerrero alerta que «tarde o temprano se acabará produciendo alguna desgracia terrible», reclamando una respuesta «inmediata y decidida» por parte del Ministerio de Justicia antes de que ocurra «una desgracia terrible y evitable».