Un grupo de padres y madres de niños del aula de dos años del CEIP Donoso Cortés, en Don Benito, ha criticado este jueves la intención de la Junta de Extremadura de despedir a los técnicos de educación infantil de dicho centro debido al procedimiento del turno de traslado para la previsión de vacantes de personal laboral.
Según han remitido a través de un escrito, las partes afectadas no se oponen a la incorporación de las TEIs que «legítimamente deben ocupar sus puestos correspondientes», aunque consideran oportuno esperar a la finalización del presente curso escolar.
A eso han añadido que de no darse esa circunstancia «se estarían vulnerando los derechos de los menores, entre ellos, el Interés Superior del Menor, recogido en la normativa estatal», han señalado.
Es por esto por lo que han apelado a que los profesionales, administraciones públicas, operadores jurídicos y órganos legislativos han de valorar «en todas y cada una de las acciones que concierne a los menores ante cualquier decisión que les afecte».
La portavoz del colectivo de padres y madres, María Ángeles Morales, ha expresado además que esta medida «supone la eliminación de las figuras de apego en el aula de nuestros hijos, que verán cómo entran dos personas nuevas que no conocen de nada. Cada niño presenta unas necesidades y atenciones que las nuevas TEIs desconocen». Morales ha añadido también que al comienzo del curso los pequeños ya pasaron por un periodo de adaptación de 20 días «para conseguir el mayor y mejor clima de confianza entre alumnos y técnicos», algo que de tener que repetirse no ve lógico. «Lo lógico sería esperar ya al fin del curso escolar, los pequeños no tienen por qué ser partícipes de todo este proceso, y mucho menos ser los más perjudicados», ha subrayado.
Además, estos días han llevado a cabo una protesta a las puertas del centro junto con el claustro de profesores del centro, familias y miembros del AMPA en señal de protesta. «La Junta pretende hacer caso omiso y violar este derecho», han manifestado, por lo que reclaman que se revise el sistema de protección a la infancia a nivel estatal, autonómico e internacional para encontrar «argumentos suficientes para no cometer semejante insensatez», han aseverado.
